martes, abril 03, 2007

Cabildo SDO pone arbitrio a la venta de productos



Quiere cobrarle a los alcoholes, cigarrillos, combustibles y químicos

Miguel Rodriguez

SANTO DOMINGO.- Representantes del sector empresarial reaccionaron alarmados ayer por una resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que impone la obligación de pagar a esa corporación un centavo por cada peso que vendan en ese municipio.

La resolución ordenada pagar al Cabildo el 0.10 por ciento que vendan los fabricantes cervezas, ron, cigarrillos, hormigón, cemento, químicos, plásticos, distribuidores de gas, gasolina, aceites y lubricantes en el municipio Santo Domingo Oeste.

La Constitución de la República establece que los impuestos sólo pueden ser fijados por el Congreso Nacional, aunque los ayuntamientos tienen la facultad de imponer arbitrios de carácter municipal.

El presidente de la Federación de Asociación de Industrias (FAI), Ignacio Méndez, rechazó la medida, tras calificarla como “muy grave”, lo que a su juicio sería una carga muy pesada y terrible para las industrias que operan en esa zona.

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó que ese arbitrio es ilógico y sin sentido. “Nos preocupa que estamos permitiendo impuestos sin sentido ni lógica. Yo no creo que sea apropiado aplicar un impuesto de un solo lado”, enfatizó.

Joel Santos, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), dijo que esa resolución podría alejar las inversiones de ese municipio, por lo que entiende que cualquier iniciativa en ese sentido debe ser analizada profundamente y a nivel nacional, no municipal.

La resolución 021-07, fechada el 15 de marzo de 2007, dice que la Ley 5622 de Autonomía Municipal y la Ley 3455 de Organización Municiapal, en su artículo 31 numeral 60, especifica que corresponde a cada Ayuntamiento establecer arbitrios y disponer cuanto concierne a su fiel recaudación.

Francisco Peña, síndico de Santo Domingo Oeste, explicó que el espíritu de esa resolución es hacer que por los daños que causan esas empresas al ser humano paguen un arbitrio al Ayuntamiento que posteriormente será utilizado en obras a favor de la sociedad, como calles, parques, semáforos y otros.




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